Alvaro CAMPOS CELADOR, Miembro de la Plataforma Gure Energia
Aitor URRESTI GONZÁLEZ, Miembro de la Plataforma Gure Energia
En mitad de la crisis del petróleo de los 70, se comienza a hablar de nuevos conceptos como el ahorro energético y las energías renovables. Desde entonces, y tal vez a un ritmo menor del esperado, se han ido aprobando distintas normas que han pretendido normalizar este tipo de conceptos, tanto técnica como económicamente. En el caso de las energías renovables, podemos decir que su camino hacia la legalización ha sido muy tortuoso.
En el año 1997 se liberaliza el sector eléctrico, y entre otras normas, se allana el camino para el desarrollo de las energías renovables. Se reconoce los beneficios de las mismas y se justifica la necesidad de que cobren una prima para estimular su desarrollo con el objetivo de que para el año 2010 lleguen a suplir un 12% de la demanda eléctrica.
Esta época dorada no duró mucho, desde el gobierno y los medios de comunicación se comenzó una agresiva campaña de desprestigio hacia las renovables y aparece por primera vez en los medios de comunicación dominantes un concepto hasta entonces inédito, el déficit de tarifa. Al parecer, y con el consentimiento político de gobernantes, los ciudadanos habíamos contraído desde el año 2003 una deuda de cerca de 30.000 millones de euros con las grandes compañías eléctricas. El origen de esta deuda, es la diferencia entre el precio de la electricidad fijado por el gobierno y los costes reconocidos por las compañías. Pero en lugar de realizar una auditoría de estos costes, para conocer cuál es el origen del desfase, los medios de comunicación oficiales, junto con el gobierno, comienzan una campaña en contra de las primas a las renovables. Se publican nuevos Reales Decretos, que en 2012 impiden que las nuevas instalaciones de renovables reciban primas, y en 2013 se reducen con carácter retroactivo las primas de las instalaciones anteriores. Esto ha causado la ruina de muchas familias que realizaron inversiones que tenían el aval del estado a través de las primas, y que una vez reducidas las primas, ven que su inversión se ha quedado sin ningún valor.
Sin embargo, el avance técnico no entiende de políticas y sigue su ritmo. En los últimos cinco años los módulos fotovoltaicos han reducido costes un 80% y se empieza a ver un escenario de producción renovable sin primas. De hecho, a partir del año 2010 el sector pide una regulación específica del autoconsumo: la instalación de renovables se realiza para el consumo propio, y caso de darse excedentes, o si se necesita más energía de la generada, se intercambia con la red eléctrica. En 2011 el gobierno socialista publica un decreto sobre autoconsumo, en el que se aclaran los trámites y condiciones administrativas de este tipo de instalaciones, pero sin fijar las condiciones económicas del intercambio de energía con la red, que se deberían fijar para un siguiente decreto.
En el año 1997 se liberaliza el sector eléctrico, y entre otras normas, se allana el camino para el desarrollo de las energías renovables.
Foto: CC BY - Anna Fuster
Se llega a presentar un primer borrador de decreto de condiciones económicas, pero debido al cambio de gobierno, no se llega a aprobar ese borrador. Este primer borrador planteaba el autoconsumo con balance neto. Bajo este formato de autoconsumo, el productor podía generar electricidad y verter la electricidad excedente no consumida a la red. De este modo y en periodos de liquidación fijos se realiza el balance de consumo-producción teniendo el usuario que pagar por el exceso de consumo, o bien, recibiendo un derecho de consumo para periodos de facturación futuros. De este modo la red de distribución actúa como depósito de energía y es este el modelo que tienen países como Italia, Brasil y Alemania.
Sin embargo, días después de la aparición de este borrador el Partido Popular entra en el gobierno olvidándose de este real decreto hasta que, en julio del año 2013, presenta un segundo borrador. Este segundo borrador da continuidad al sistemático proceso de satanización puesto en marcha por el nuevo gobierno a las renovables y presenta un autoconsumo tan limitado que difícilmente puede entenderse como tal. Entre otros aspectos elimina el concepto de balance neto, impone nuevos peajes para la conexión a red interior, obliga a entregar la electricidad generada de modo gratuito y presenta el esperpéntico concepto del peaje de respaldo. Dicho peaje obliga a pagar una tasa por la energía total generada, siendo así aunque esta energía se consuma íntegramente en el interior de la vivienda. Por otro lado obliga a registrar las plantas a un registro administrativo con penas de entre 6 hasta 60 millones de euros en el caso de no hacerlo.
Cabe destacar que este borrador sí que recibe la aprobación de las grandes eléctricas y es que un cambio de sistema descentralizado implica algo más que consideraciones técnicas, redistribuye las relaciones de poder.
El nivel de desarrollo tecnológico de las renovables, y de la fotovoltaica en particular, rompe las reglas de juego a las que los gigantes del sector estaban acostumbrados. La naturaleza modular de los equipos y los reducidos costes de inversión hacen que los ciudadanos participen de algo que hasta ahora había sido un negocio muy lucrativo. Ante esto es fácil entender que el oligopolio eléctrico se movilice para limitar el acceso de los ciudadanos alegando razones de muy diversa índole, incapacidad técnica, riesgos de suministro, etc. Lo más sorprendente es que los últimos movimientos en el escenario político han puesto de manifiesto el interés del gobierno de defender los intereses del sector eléctrico frente al de los ciudadanos y que un fenómeno como el de las puertas giratorias haya cogido tan preocupante protagonismo.
Creemos que a esto y solo a esto se debe este segundo borrador y tenemos la certeza de que ya está realizando la labor para la que fue diseñado, para meter miedo, para acostumbrar a la gente a que hay espacios donde no puede participar. Por ello no es de extrañar que distintas iniciativas ciudadanas y del sector de las renovables se estén movilizando por el cambio de modelo energético, por un modelo energético hecho a la medida de los ciudadanos y no al de los bolsillos de unas pocas empresas que buscan perpetuar un modelo que ha demostrado ser caro, contaminante y poco sostenible.
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